El Pereira, entre la reorganización o la subasta
Cuando ya todo parecía que llegaría a su final, después de tres años, en las oficinas del Deportivo Pereira, dentro de la urna esperaba un sobre sellado para ser abierto después de las 3 p.m. Se rumora que la oferta es de un extranjero. Era el momento de la publicitada subasta privada, el 6 de septiembre de 2017 iba a quedar para la historia, el conjunto “Matecaña”, tendría un nuevo dueño, hecho sin precedentes en la historia del fútbol de Colombia.
Ese día la fanaticada amaneció contenta, pero a las 7:10 de la mañana se riega la noticia como pólvora, (fue suspendida la subasta), y en su lugar la Jueza Quinta Civil Circuito de Pereira, (Leidy Amparo Niño) despacho en el que se viene desarrollando el proceso de Liquidación de Corpereira, profiere un nuevo Auto o decisión que dejó sin aliento a más de uno.
Se suspende la Subasta y Corpereira queda sometida a otra audiencia, pero no a una de trámite u ordinaria, es la audiencia pública en la que se decidirá si el anterior presidente del Pereira, (Alvaro López Bedoya) el mismo que lo tiene en liquidación, se le concede o no el derecho a la denominada reorganización, es decir, regresarle la administración del equipo y permitirle pagar a largo plazo los aproximados 33 mil millones de pesos. La temible audiencia será el 3 de octubre de la presente anualidad a las 9 a.m.
El lunes 11 de septiembre corre otro rumor en los pasillos del Palacio, se escuchaba entre corrillos “cambiaron la jueza de la Liquidación”; efectivamente resultó verdad, Leidy Amparo Niño, que se había vuelto famosa por decisiones que para muchos favorecían al expresidente López deja el cargo, y al mismo llega la titular de ese Despacho Mary Ardenys Pérez, quien durante varios meses estuvo por encargo como magistrada de la Sala Civil Laboral Tribunal de Valledupar Cesar. El cambio genera un fresquito en muchos y ofrece más transparencia.
La Jueza Titular tiene como tarea preparar en menos de un mes la citada Audiencia programada por la saliente; recordemos la anterior Jueza acató la solicitud del 35% de los acreedores que lidera Alvaro López, buscando no violar el debido proceso, según (Art. 66 -Ley 1116 de 2006), y la Jueza entrante tendrá que verificar que el señor Alvaro López, cumpla con los tres requisitos para que le acepten la propuesta. La anunciada audiencia estará para alquilar balcones.
Primero: el señor López Bedoya debe presentar un proyecto de pago detallado máximo a 10 años, así lo dice la nueva jurisprudencia sobre el tema. Segundo debe presentar a la Jueza en público el paz y salvo, de las deudas post acuerdo, (desde que comenzó la reorganización, hasta cuando se decretó la Liquidación), la deuda supera los mil millones de pesos, además debe pagar los honorarios del Liquidador. Tercero: que el 70% de los acreedores acepten; el expresidente López Bedoya sólo tiene el 60% a su favor gracias a 92 acreencias que compró por el 30%, de su valor real.
Otra preocupación que ronda los pasillos del Palacio de Justicia y que pone a temblar a todos los hinchas, periodistas y ciudadanía en general, es que en el transcurso de los días que restan para la citada audiencia, sorpresivamente aparezca otro Auto o disposición con el que el Juzgado ordene el cambio del Liquidador, pues dentro del expediente judicial que suma aproximadamente tres mil folios, hay otra solicitud del expresidente requiriendo su remoción.
Cabe recordar que la primera fue fallida en razón de que el auxiliar de la justicia escogido (Marco Tulio Zapata-inscrito enAntioquia) no cumplía con varios requisitos, como estar inscrito en el Eje Cafetero y no tener bajo su responsabilidad más de tres liquidaciones en el momento; en otras palabras la Jueza se pifió,recibió muchas críticas incluso de funcionarios de la rama judicial,y gracias a un recurso bien presentado por los jurídicos del Liquidador reversó la decisión y la ciudad volvió a respirar.
El proceso de Liquidación es tal vez el caso más popular y publicitado del Palacio de Justicia de Pereira, lo consultan a diario entre cinco y diez apoderados, acreedores y hasta posibles postores de la sonada subasta, y no hay día que no se mencione en alguno de las publicaciones, noticieros o programas radiales de Pereira, mejor dicho se convirtió en un arma de doble filo para el Juzgado que debe definir su suerte.
La Acción Popular, otro embeleco por resolver
Si bien el Gerente Liquidador Jhon Omar Candamil y el expresidente de Corpereria Alvaro López, se han convertido en enemigos jurídicos en una lucha titánica por obtener el poder del Deportivo Pereira, la publicitada Acción Popular los ha unido y puesto de acuerdo, coincidiendo que la “ficha” o cupo es de Corpereria, bajo el entendido que el futbol profesional colombiano es privado y no tiene nada que ver con intereses públicos o del estado.
Mientras tanto en el Juzgado Cuarto Civil Circuito, desde septiembre del año pasado, viene en curso la referida Acción Popular presentada por la Alcaldía de Pereira, la Cámara del Comercio y un ciudadano particular que no volvió a aparecer (Javier Elías Arias); la misma está enfocada en buscar excluir del inventario de Corpereira (el cupo para competir en el fútbol profesional colombiano). Es decir, que le regresen ese derecho a la Administración Municipal de Pereira.
Dicha Acción Popular que para muchos es una bomba de tiempo, ya que la denominada “ficha”, es el activo más importante de Corpereira, en estos días está por definirse, ante la presión inminente de lo que pueda fallar el Juzgado Quinto, despachos que son de la misma categoría.
Ya se venció el término de los alegatos por escrito, es decir, las partes argumentaron sus teorías y presentar sus pruebas, el Juzgado debe fallar en cualquier momento; lo más paradójico es que la Alcaldía argumenta y aportó el Acuerdo Municipal No. 33 de 4 de septiembre de 1973,(faculta al Alcalde para celebrar contrato con la Corporación Club de Fútbol Pereira entregándole el usufructo por 99 años-corporación cuyo presidente era el veterano dirigente Hernán Mejía Campuzano).
Así mismo, aportó copia de otro Acuerdo Municipal el N. 37 de 9 de septiembre de 1988, (autoriza al Alcalde para que procede a liquidar dicha corporación que administraba el señor Mejía Campuzano, para que acuda a Dimayor en caso de tener algún conflicto económico, lo faculta para efectuar el traspaso de la ficha a otra corporación naciente denominada Corpereira, faculta a Corpereira para recibir recursos de la Alcaldía para pago de jugadores), sumado a ello, Dimayor profiere un certificado conciliatorio en la que la Corporación Fútbol Club cede la totalidad de los derechos a la naciente Corpereira, incluida la publicitada “ficha”, también lo aportaron. Todas esas pruebas reposan dentro del expediente.
Según dice el Liquidador la normatividad citada es más clara y transparente que el agua, y según argumenta la defensa de la Alcaldía, la Corporación Fútbol Club, que administraba Hernán Mejía en su momento, entregó todos los derechos a Corpereira sin permiso alguno; pareciera que los jurídicos de la Administración de Juan Pablo Gallo dicen y se contradicen, aportan los Acuerdos y señalan que no son válidos.
Por su parte el Juzgado Cuarto Civil, profirió un Auto, en el que solicita al Juzgado Quinto que en caso de subastar el equipo, consigne y congele en cuenta judicial el precio de la "ficha", hasta tanto se decida la suerte de la Acción Popular.
Para todos es bien sabido que el fútbol es privado y nada tiene que ver con lo público, pero los jueces de la República en medio del desconocimiento del tema deportivo podrían incurrir en fallos sui-generis y exabruptos, como ocurrió con el Deportes Quindío; lo cierto del caso es que mientras estos fallos no vinculen u ordenen a la Dimayor, esta se sustrae de obedecer, bajo el argumento de que son privados y ellos toman sus propias decisiones en asamblea de clubes.
Para que prospere necesariamente deben vincular y ordenar a la Dimayor, de lo contrario, así se decida el regreso a la Alcaldía de la citada “ficha”, si Dimayor no acepta, desconoce por completo ese cupo para un eventual equipo o club que promueva la Administración Municipal de Pereira, sea con la UTP, o a través de otra iniciativa deportiva; se limitan a señalar olímpicamente “aquí reconocemos a Corpereira como asociado con derecho a un cupo para actuar en el fútbol profesional colombiano”, el resto se convertiría en letra muerta.
Durante los últimos tres años de la Liquidación Judicial, sumado a los dos años de reorganización, Deportivo Pereira y su hinchada ha sufrido una hecatombe jurídica sin precedentes, y lo cierto del caso es que nadie tiene claro en qué terminará todo, pues constantemente han salido Autos y órdenes que dejan a más de uno sin aliento y sin una explicación jurídica sensata. Ni el más experimentado de los jurista se atreve a vaticinar el fin de este proceso, en el que se mueve todo tipo de intereses, poder y dinero.